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Germán Cardona es un valenciano de 49 años que comenzó vendiendo jabón a domicilio y va camino de convertirse en el mayor timador de la historia de España. Creo una sociedad con el nombre comercial de Finanzas Forex y logró que cien mil ahorradores pusieran su dinero a disposición de Cardona y sus socios. La pasada semana lo contamos en Interviú. La Policía lo detuvo hace unas semanas gracias a una orden de Interpol emitida desde Colombia, donde supuestamente Cardona habría estafado a centenares de clientes. Hace dos años el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ya inmovilizó 59 cuentas de Cardona en Florida, sospechando que se dedicaba al lavado de dinero del narcotráfico y se incautó de varios coches de lujo. En España Cardona había invertido el dinero en la compra de viviendas.
En realidad el detenido usaba las cuentas norteamericanas para desviar los fondos que recibía en metálico de inversores españoles, estonios, colombianos o eslovenos, por poner algunos ejemplos. La estafa era piramidal, ofrecía hasta un 20 por ciento de beneficios anuales, que pagaba usando el dinero de los ahorradores por debajo de la pirámide, que nunca veían rentar su dinero y todo ello a pesar de la advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ahora la policía española mantiene la operación abierta, buscando cómplices de Cardona, pero miles de españoles han perdido su dinero y, en muchos casos, sus viviendas hipotecadas para conseguir fondos que les demandaba la red. Habrá quien piense que la avaricia rompe el saco y estará en lo cierto, pero no por ello lo que hizo Cardona es menos ilegal. Caiga sobre él todo el peso de la ley.
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José Luis Torrente, ese detective grasiento y casposo que refleja una parte de nuestra peculiar España, no parece despegarse del personaje nunca. La última "torrentada" ha sido no cumplir el contrato que había firmado su productora –Amiguetes Enterprises– con el dueño del club D´Angelo, un conocido local de alterne de Alicante.
Según publicamos esta semana en Interviú, la productora de Segura argumentó que no podía alquilar el puticlub por falta de presupuesto pero a cambio prometió compensarlo publicitariamente. Finalmente ambas partes firmaron un contrato por el que el director de Carabanchel se comprometía a una serie de requisitos, como mostrar planos con el rótulo del club y decir su nombre en dos ocasiones. Pero en el montaje final Santiago Segura no cumplió. La pelicula recaudó ocho millones de euros en su primer fin de semana en cartelera. Parece que en esta ocasión Torrente tampoco juega limpio.

Hay reportajes que a uno le reafirman en su creencia de que a la clase política de este país le hace falta cultura, valga la evidente redundancia, política. Es decir, aquí cualquiera puede hacer carrera política y después sentirse impune. Sólo necesita afiliarse, ser listo, aprovechar sus oportunidades, dejarse ver, tener iniciativa y no faltar nunca a las citas de su partido y ya tendrá gran parte de su trabajo hecho para aspirar a una concejalía o un sillón de diputado regional y si la cosa va bien, el salto a la política nacional es coser y cantar. El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, tiene como todos los políticos el déficit de la pereza democrática con sus conciudadanos.
Me explico, esta semana he publicado en Interviú un reportaje sobre el supuesto trato de favor que el ayuntamiento alcarreño habría dado durante su mandato a un empresario que fue cabeza de lista por la ultraderechista Democracia Nacional en las últimas elecciones generales. La denuncia, realizada por el PSOE de la localidad, destaca que han sido 28 contratos, 26 de ellos mediante adjudicación directa (a dedo), durante tres años y medio. Justo hace una semana el alcalde, conociendo la publicación de este reportaje, convocó la mesa de contratación, que emitió un informe en el que se mantiene que todos los contratos municipales se ajustan a derecho. ¡Faltaría más!, a pesar de que el mismo alcalde en su despacho me reconocía irregularidad en uno de ellos.
En esta ocasión el alcalde debería demostrar que la mujer de César además de honrada lo parece, es decir, debería sacar a concurso los contratos públicos o repartirlos de otra manera y con otros criterios, porque cualquier otra explicación suena extraña.
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Hace algunas semanas publicaba un reportaje en Interviú sobre la repercusión en el recibo de la luz de la nueva tarifa eléctrica, que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2011. 26 millones de hogares españoles sufrieron una subida del 10 por ciento en su recibo mensual, que según están las cosas no es una broma. Ahora nos hemos enterado de que la cúpula de Iberdrola recibirá un bonus de 55 millones de euros en acciones por haber alcanzado el 75 por ciento de los objetivos fijados. El más beneficiado, Ignacio Sánchez Galán, presidente del grupo, que percibirá como recompensa unas 6,75 millones de acciones con un valor en el mercado de unos 7 millones de euros. Endesa, otra de las grandes, logró un beneficio neto de 4.129 millones de euros en 2010, un 20% más que en el año anterior, gracias al ahorro de costes por su colaboración con la italiana Enel y por las plusvalías generadas por la venta de activos. Mientras tanto, a mucha gente le cortan la luz por falta de pago. Deberíamos pensar en ello.
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Esta semana publico en Interviú un reportaje sobre Humberto Baena, el último fusilado por Franco. Lo he titulado igual que este post, haciendo referencia a su condena de muerte, que incluso desde el punto de vista jurídico de la época fue una aberración, y a la proclamación de su inocencia, que nunca fue estudiada ni tenida en cuenta y así Xose Humberto ha pasado a la historia como el asesino de un policía, en vez de como la víctima de una injusticia.
Baena, militante del FRAP, fue el último de los fusilados por el régimen de Franco en 1975, cuando el dictador agonizaba en su lecho de muerte. A pesar de que una testigo presencial del crimen del que fue acusado acudió a comisaría para declarar que no era la persona que ella había visto disparar al policía, su testimonio fue descartado por los mismos policías que sólo buscaban venganza, aunque fuera con la sangre de un inocente.
Durante la farsa del juicio que lo condenó a los abogados de Baena no se les permitió hablar e incluso fueron expulsados de la sala. Ahora su hermana acude a la ONU en busca de justicia. Al menos a su familia le queda el consuelo de saber que se cumplió uno de sus últimos deseos, reflejado en una carta mandada a sus padres: "Ser el último condenado a muerte por un tribunal militar".
Uno de los motivos por los que me hice periodista fue para poder rendir pequeños homenajes como éste a Humberto y a otros luchadores por la democracia –militantes en una España difícil y complicada–, aunque sea en papel y en tres páginas y media. Así que esta semana estoy más contento que nunca con el oficio que elegí.
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Confieso no haber leído por completo el nuevo libro de Daniel Montero, compañero de profesión, de pupitre en Interviú, de prácticas deportivas y de algunas otras cosas que terminaron por convertirlo en amigo. Por todo esto no puedo ser objetivo cuando hablo de sus reportajes o de este segundo libro (el primero fue La Casta), que hoy lunes ve la luz. Sin haberlo leído del todo, sólo en su "bruto" original, puedo decir que he sido testigo privilegiado del alumbramiento de "La correa al cuello", una visión novelada sobre la vida de Francisco Correa, principal implicado en la trama Gürtel y por ello no deja de asombrarme la pasión, dedicación y tenacidad que Daniel le pone a todos los proyectos que emprende. Es un tipo capaz de leer un sumario con el mismo interés que vimos la final de España en el pasado Mundial.
Como periodista mi colega es uno de esos que no le dejan a uno indiferente con lo que investigan y escriben, y es de agradecer porque son muy pocos, apenas caben en los dedos de una mano, los que despiertan en mi ese interés. Me imagino a Daniel en cualquier época y cualquier lugar y me lo imagino siempre de la misma manera: investigando y descubriendo para los lectores otras tramas, otros mundos, otras vidas y contándolo después. Ahora lo hace con este libro. No os lo perdáis, por imprescindible, y porque lleva la firma de Daniel Montero.
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Esta semana la revista Interviú ha publicado un reportaje sobre cuatro funcionarios del ayuntamiento de Logroño que se sienten acosados laboralmente por sus superiores. En el caso de dos de ellos el fiscal ha actuado de oficio y ha imputado al director de personal del consistorio logroñés y a su mano derecha. En los otros dos no, pero ha recomendado que los afectados acudiesen a la justicia en forma de denuncia. Los cuatro cuentan sus casos en la revista, dando nombres y apellidos, sin nada que ocultar.
El tema es que el reportaje no ha dejado indiferente a nadie en Logroño, ni autoridades municipales ni trabajadores afectados e incluso en la web de Interviú se ha generado un debate con acusaciones cruzadas de todo tipo. El debate suele ser casi siempre enriquecedor mientras no se traspasen los límites de la educación y la falta de respeto, algo que no ha sucedido en este caso. Uno de las personas que comenta incluso amenaza veladamente a los hijos de una de las víctimas del acoso. Es decir, si no puedes vencer a la madre métete con sus hijos. Es deleznable.
De momento, ya uno de los que se han sentido insultados en los comentarios, por ende juez de profesión, ya ha planteado su intención de demandar a quienes le han insultado, aunque ahora tendrá que averiguar quien ha sido, ya que los acosadores siempre se esconden en el anonimato.
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Esta semana publicamos en Interviú un nuevo reportaje sobre un militar de vocación (http://tinyurl.com/34ze6yw) que ve frustradas sus aspiraciones en el Ejército. Es la segunda vez que en seis meses publicamos las quejas de un joven soldado, un cabo en esta ocasión, sobre un trato que considera injusto. Juan Plácido Muñoz cometió una infracción al dar positivo en un control de alcoholemia. Al identificarse como militar y ser condenado en un juicio rápido a ocho meses de retirada de carnet y una multa de 600 euros el Ejército aplica la literalidad de la ley y le expulsa por haber sido condenado por un delito, a pesar de que Muñoz había firmado su compromiso hasta los 45 años, tiempo límite que permiten al personal de tropa permanecer alistado. Nada que objetar a todo esto.
Pero claro, la abogada del cabo ha argumentado que se podría estar lesionando el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que un oficial de carrera que le sucediera lo mismo no sería inmediatamente expulsado del ejército, sino que podría tener alegaciones, apertura de expediente disciplinario, etc... El caso se saldaría con algunos meses de suspensión del servicio, con el sueldo intacto, un tirón de orejas de algún superior y poco más, mientras que si le ocurre a un soldado lo expulsan del Ejército. Dicen que antes se hacía la vista gorda porque había escasez de voluntarios para nuestras fuerzas armadas, pero ahora con la crisis parece que la demanda para entrar es mayor y por tanto, aplican la ley a rajatabla.
De todas maneras, el Ejército debería empezar a plantearse que la modernidad no consiste sólo en tener mejores aviones, mejores tanques o más inteligentes, sino en modernizar también sus estructuras legales y adaptarlas a los principios de igualdad que se le supone a nuestra democracia.
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Muchas veces me he preguntado por qué el desnudo de los demás siempre nos causa morbo. Una reciente encuesta dice que el top less no se lleva, no está de moda... Y sin embargo, cuando vemos a alguien desnudo siempre llama la atención, o al menos despierta nuestra curiosidad. Esta semana en Interviú vemos cómo un grupo de trabajadoras de UGT en Fundescan -una fundación canaria creada por el sindicato para el fomento del empleo, la protección a mujeres en situación de desamparo y la creación de talleres y cursos para parados- se han desnudado para llamar la atención sobre sus problemas http://tinyurl.com/34ux3ke. A los 400 trabajadores de esta fundación les despidieron y les indemnizaron sólo con 20 días por año, a pesar de que este sindicato propone una huelga general el 29 de septiembre para defender, entre otras cosas, que los empresarios no puedan hacer esto.
Pero lo que más me ha chocado son algunos de los comentarios en la web de Interviú, donde se puede leer el reportaje, y que descalifican la iniciativa de estas trabajadoras, cuando lo que merece la crítica es, en mi modesta opinión, la actitud del sindicato que se desentiende del problema y recurre al Fogasa para indemnizar con 20 días por año en vez de los 45 que estipula la ley. Y la pregunta es inevitable: ¿si estas trabajadoras hubiesen posado vestidas los mismos medios se hubiesesn hecho eco de sus problemas? Creo que no y es porque pienso que el morbo está muy arraigado en nuestra naturaleza humana. Así que mejor no nos rasguemos las vestiduras.
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Tras la publicación esta última semana de un reportaje sobre ilegalidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Cáceres en la revista Interviú (http://tinyurl.com/35m43qp) no se han hecho esperar las reacciones. Varias personas han dejado sus comentarios expresando su malestar por el tono del reportaje, aunque la mayoría no se lo habían leído en el quiosco, sino el corto resumen que se publica en la web. Lo que viene a demostrar que nunca llueve a gusto de tod@s.
La mayoría de las quejas argumentan que en ningún momento la sentencia dice que se deban derribar las casas y, es cierto, ya que la sentencia del Tribunal Supremo dice que la zona debe de quedar tal y como se encontraba al principio, antes de la construcción de las mismas y ya se ha pedido la ejecución de la sentencia. Es decir, que o las viviendas se hacen invisibles o se derriban y se deja la zona tal y como estaba al principio del movimiento de tierras. Eso es lo que dice la sentencia del Supremo. Como la primera de las opciones es difícil a no ser que se contrate al mago David Coperfield me temo que lo más viable será la segunda opción. Por mucho que le duela a quien esto escribe y a los propietarios de las mismas, que tienen obligación legal de informarse sobre el inmueble que compraron y su situación legal.
Y es que a veces las verdades duelen a todo el mundo.
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Estábamos esperando su llegada con una mezcla de entusiasmo y temor. Lo primero por saber qué ocurrirá en el futuro, ¿seremos capaces de adaptarnos a los tiempos modernos? y lo segundo por ver qué críticas recibe. En cualquier caso hoy ha nacido la nueva web de la revista interviú en la que trabajo desde hace 18 años y de la que me siento orgulloso, no por un sentimiento de propiedad sino de pertenencia a un equipo de personas y a un lugar en el que intentamos que cada día salgan las cosas lo mejor posible. Estamos de enhorabuena.
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La revista Interviú publica esta semana un reportaje sobre la peculiar guerra que enfrenta al cabo Pérez con el ejército español. Ya sabemos que la legislación militar es diferente a la civil, pero lo que le ocurre al cabo Juan Antonio Pérez después de doce años de servicio debería hacernos pensar. ¿Cómo algo que puede ser calificado de acoso laboral e incluso psicológico en la vida civil puede obviarse e incluso taparse en el ejército español? Todo ello la misma semana que, según adelanta Periodista Digital en su web el Ministerio de Defensa ultima un proyecto de ley para recortar todavía más los derechos de nuestros soldados. Ahora ya no podrán expresar en voz alta sus opiniones relativas a sus superiores.
El problema es más profundo de lo que parece y debería hacernos reflexionar sobre el papel de nuestras fuerzas armadas. Siempre nos dicen que el ejército se ha modernizado con su profesionalización, pero ¿estamos seguros de que las reformas llegaron a todo el mundo o se han modernizado sólo las armas y no las personas? Que le pregunten al cabo Pérez.
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El sector eólico está en pie de guerra. Como publica esta semana la revista Interviú no todo es tan limpio en las energías renovables tal y como parece. Las empresas que instalan y gestionan aerogeneradores ya han advertido que la crisis les ha hecho perder 16 mil empleos y auguran un mal futuro, con la previsible pérdida de otros 8 mil trabajos si el sector no continúa progresando en los próximos años. Mientras tanto, ecologistas, empresas, ayuntamientos y ministerio de Industria y Energía no logran ponerse de acuerdo respecto al fatídico Real Decreto 6/2009, que limita el máximo de aerogeneradores que se pueden poner en marcha en nuestro suelo anualmente y al que los empresarios culpan de todos su males. Los primeros piden respeto medioambiental e inversiones, los empresarios más libertad para seguir creciendo y la Administración argumenta que es necesario poner más orden en el sector. Y al final va resultar que, parafraseando a Cervantes en boca de Sancho, "no son gigantes mi señor, que son molinos de viento".
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Los habitantes de El Pego, un pequeño pueblo de Zamora, luchan contra la Administración para que alguien les arregle la carretera que les comunica con el resto del mundo. Esta semana su historia se publica en la página 42 de la revista Interviú, ya que han decidido cortarla por el riesgo que supone para la circulación. Me recuerdan a los aguerridos galos de las historias de Asterix. Ellos solos contra el imperio romano y César, sólo que en este caso el imperio es la Administración y César es la Diputación Provincial de Zamora que no les arregla la carretera destrozada, por lo que estos modernos Asterix y Obelix, con su alcalde Abraracúrcix (Leónides Riesco) a la cabeza defienden su derecho a tener unas vías de comunicación dignas. Al igual que en los cómics, nadie les hace caso. Todo el mundo pasa y mira, pero nadie les arregla la comarcal.



Desde la publicación en Interviú de un reportaje sobre las condiciones laborales de las madres que trabajan en las tiendas de moda Zara a la redacción de esta revista no dejan de llegar testimonios nuevos que se suman a los ya incluidos en el reportaje, pero también de otros comercios del sector sobre jóvenes que sufren el mismo problema y otros más graves. Pero lo más destacable, tras la tormenta en el consejo de Inditex que se generó tras la publicación, fue la llamada telefónica de un joven extranjero para contar que en su trabajo, camarero de una conocida franquicia de restaurantes en el centro comercial La Vaguada de Madrid, le habían hecho firmar la baja voluntaria junto con el contrato de trabajo. Es decir, que cuando el empresario quisiera podía despedirle sin derecho a indemnización, simplemente haciendo efectiva esa baja voluntaria. El ministro Corbacho va a tener que hacerlo mejor para velar por los derechos laborales de los trabajadores.