
Esta semana publicamos en Interviú un nuevo reportaje sobre un militar de vocación (http://tinyurl.com/34ze6yw) que ve frustradas sus aspiraciones en el Ejército. Es la segunda vez que en seis meses publicamos las quejas de un joven soldado, un cabo en esta ocasión, sobre un trato que considera injusto. Juan Plácido Muñoz cometió una infracción al dar positivo en un control de alcoholemia. Al identificarse como militar y ser condenado en un juicio rápido a ocho meses de retirada de carnet y una multa de 600 euros el Ejército aplica la literalidad de la ley y le expulsa por haber sido condenado por un delito, a pesar de que Muñoz había firmado su compromiso hasta los 45 años, tiempo límite que permiten al personal de tropa permanecer alistado. Nada que objetar a todo esto.
Pero claro, la abogada del cabo ha argumentado que se podría estar lesionando el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que un oficial de carrera que le sucediera lo mismo no sería inmediatamente expulsado del ejército, sino que podría tener alegaciones, apertura de expediente disciplinario, etc... El caso se saldaría con algunos meses de suspensión del servicio, con el sueldo intacto, un tirón de orejas de algún superior y poco más, mientras que si le ocurre a un soldado lo expulsan del Ejército. Dicen que antes se hacía la vista gorda porque había escasez de voluntarios para nuestras fuerzas armadas, pero ahora con la crisis parece que la demanda para entrar es mayor y por tanto, aplican la ley a rajatabla.
De todas maneras, el Ejército debería empezar a plantearse que la modernidad no consiste sólo en tener mejores aviones, mejores tanques o más inteligentes, sino en modernizar también sus estructuras legales y adaptarlas a los principios de igualdad que se le supone a nuestra democracia.